En su fallo de tutela del 16 de abril de 2024, la Corte Constitucional plantea reconocer el desplazamiento forzado interno provocado por factores ambientales, incluyendo eventos relacionados con el cambio climático en Colombia. Los demandantes, que fueron desplazados por el desbordamiento del río Bojabá, argumentan que, al ser desplazados, merecían recibir asistencia similar a la proporcionada a aquellos desplazados internamente por conflictos armados. A continuación, se resaltan los aspectos más relevantes de la sentencia.

La corte destacó que el desplazamiento forzado por motivos ambientales no siempre ocurre como un evento único y claro, pudiendo ser causado por diversos factores como la degradación ambiental o desastres naturales. Esto, en opinión de la corte, requiere una visión amplia e integral del desplazamiento forzado.

Además, la corte reconoció la existencia de impacto significativo de desplazamiento ambiental tratándose de comunidades vulnerables, incluidas las comunidades indígenas, cuyas vidas se ven afectadas en varias dimensiones por los cambios en su entorno.

Por tanto, la corte señaló que el estado debe tomar medidas como diseñar políticas de prevención y mitigación, incluir criterios para abordar las múltiples causas del desplazamiento, establecer planes de adaptación y desarrollo, y crear mecanismos de alerta temprana y relocalización planificada.

En cuanto a las obligaciones del estado, la corte estableció la necesidad de un registro administrativo para reconocer la situación de las personas desplazadas y garantizar sus derechos constitucionales, así como proporcionar medios para superar la vulnerabilidad generada por el desplazamiento.

La corte encontró que las entidades demandadas no habían adoptado medidas adecuadas para enfrentar las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Bojabá ni para restablecer los derechos de los demandantes.

Además, la corte extendió los efectos del fallo para beneficiar a todas las personas en situaciones similares a la de los demandantes, es decir, a todas las personas desplazadas por el desbordamiento del río Bojabá y exhortó al Congreso a desarrollar un marco normativo completo para abordar el desplazamiento forzado interno por motivos ambientales.

Es relevante advertir que la sentencia no especifica los criterios utilizados para determinar los factores ambientales que generan el desplazamiento, lo que genera una importante incertidumbre sobre qué situaciones activarían la obligación del estado.

Expuesto lo anterior, resulta esencial considerar los impactos que esta decisión y decisiones similares tendrán en materia de proyectos, obras y actividades que generan impactos licenciados.