Anteriormente hemos analizado la manera en que los contratos gubernamentales no solo se utilizan para adquirir bienes y servicios para el público, sino también para otros objetivos de política pública. Por ejemplo, las regulaciones de adquisiciones en todos los niveles del gobierno (federal, estatal y local), con frecuencia incorporan preferencias en el proceso de licitación para ciertos tipos de compañías, como negocios pequeños, negocios locales, negocios cuyos propietarios pertenecen a minorías, etc. Las regulaciones de este tipo no son de “talle único”, varían radicalmente en las distintas jurisdicciones o incluso en los distintos tipos de contratos dentro de la misma jurisdicción. Para ser competitivos, es fundamental que los contratistas del gobierno comprendan las regulaciones aplicables. De hecho, hemos participado en diversas impugnaciones de licitaciones contra adjudicaciones de contratos donde la disputa central se basa en el incumplimiento de las regulaciones de preferencia local. 

El condado de Miami-Dade actualmente considera una revisión de sus regulaciones de preferencia local. De ser adoptado, el cambio podría ser significativo, ya que la ordenanza priorizaría los negocios locales que cuenten con ciertas certificaciones (iniciativas comerciales pequeñas certificadas) sobre los negocios locales que no las tengan. Como resultado, los negocios locales deberán intentar obtener la certificación adicional para conservar la misma ventaja competitiva de la que gozaban anteriormente. La Junta de Comisionados del Condado aprobó la ordenanza en la “primera lectura” el 23 de enero de 2019, y la audiencia pública está actualmente programada para el 11 de febrero ante el Comité de Desarrollo Económico, Servicios Sociales y Vivienda. Si el comité recomienda su aprobación, la totalidad de la Junta de Comisionados del Condado considerará la ordenanza para su aprobación final en la “segunda lectura”, probablemente a principios de marzo.