Teniendo presente la grave situación de violencia que afecta las capitales del país, los centros poblados, y las regiones en general, así como los esfuerzos que se pide hacer a las autoridades correspondientes para una mayor protección de la ciudadanía, vale la pena recordar algunas herramientas legales en Colombia que se han establecido como parte de procesos de paz y reintegración, y que están a la mano de todos para aportar al desarrollo de un mejor entorno social basado, principalmente, en la equidad y la inclusión.
Para ello, partimos de la premisa planteada por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (International Center for Transitional Justice o ICTJ), según la cual:
"(…) la justicia transicional tiene que ver con las víctimas. Se centra en sus derechos y dignidad como ciudadanos y seres humanos y busca la rendición de cuentas, el reconocimiento y la reparación de los daños sufridos. Al poner a las víctimas y su dignidad en primer lugar, la justicia transicional señala el camino a seguir para un contrato social renovado en el que se incluye a todos los ciudadanos y se protegen los derechos de todos. (…)"1
Como desarrollo de lo anterior, es claro que una adecuada reparación de las víctimas que involucre a todos los ciudadanos y proteja los derechos de todos, implica y hace necesario el reconocimiento de actores del conflicto armado que retornan a la participación ciudadana, como sujetos de protección especial para evitar la reincidencia y lograr el cierre de ciclos de violencia, con la construcción de herramientas que permitan su reinserción.
En relación con lo anterior, nos centramos ahora en la Ley 2281 de 2023, expedida el 4 de enero de 2023, por la cual se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia, y que en su Artículo 5 incorpora el ámbito de competencias de la entidad. Éste, hace referencia expresa a algunos sujetos de especial protección constitucional, incluidos campesinos y campesinas, familias, niñez, entre otros, pero sin mención específica a reintegrados y reincorporados. Aunque es claro que este listado no es taxativo, y por lo tanto debe entenderse como comprensivo, lo cierto es que la protección especial requiere un reconocimiento expreso de la o las situaciones de vulnerabilidad para hacerse efectiva.
Es así como, por ejemplo, por medio del Decreto 399 de 2022, vigente desde el 23 de septiembre de 2022, la Alcaldía Mayor de Bogotá dispuso la creación del "Programa Empleo Incluyente para el cierre de brechas de población de difícil empleabilidad, como una herramienta (…) que tiene como fin incentivar la contratación laboral de las poblaciones que enfrentan brechas de acceso al empleo formal, como acción afirmativa con enfoque de género y enfoque diferencial-poblacional en respuesta a las dificultades de inclusión laboral que enfrentan", y que expresamente reconoce a los reinsertados y reincorporados como población focalizada.
Estas disposiciones legales se concretan de manera más efectiva a través de mecanismos como el dispuesto por el Ministerio del Trabajo, que cuenta con la plataforma del Servicio Público de Empleo (SPE) y que, a través de su "Red de Prestadores del SPE está trabajando por ofrecer los servicios de gestión y colocación de la ruta de empleo con el objetivo de mitigar las barreras que se identifiquen para el acceso a empleos formales por parte de dicha población".2
Tanto en el decreto expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá como en la herramienta tecnológica dispuesta por el Ministerio del Trabajo se reconoce expresamente la vulnerabilidad de las personas que, en desarrollo de procesos de paz, buscan reinsertarse a la vida en sociedad y se crean incentivos para que su transición sea efectiva. El decreto en cita, en particular, dispone que las empresas que participen en el programa de vinculación de población vulnerable podrán acceder a los beneficios económicos que se detallan en este boletín.
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Es necesario no perder de vista que la posibilidad de generar acciones positivas en beneficio de todos, no depende únicamente de las autoridades sino también de una gestión proactiva de la comunidad.
El uso de herramientas como las descritas en este documento para la generación de oportunidades, es el mejor ejemplo de lo anterior, ya que la equidad y la inclusión son responsabilidad de todos y la falta de oportunidades y empleabilidad contribuye a la generación de violencia.
Este documento incorpora un ejemplo de acciones afirmativas que las empresas pueden implementar en Bogotá, pero que podrían ser implementadas en otros lugares, teniendo en cuenta que permiten contar con: 1) una trazabilidad de la población vulnerable; 2) un filtro para entender su potencial; 3) un seguimiento de protección; y 4) un incentivo para la creación de empleos.
Notas
1 Centro Internacional para la Justicia Transicional. Cuestiones de justicia transicional. Acceso del 24 de julio de 2023.
2 Ministerio del Trabajo de Colombia. Servicio Público de Empleo.
